Senado, D.S. de Pleno
Núm. 55
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http://www.senado.es/legis7/publicaciones/pdf/senado/ds/PS0055.PDF Esta publicación va desde la página 3034 hasta la página 3102 CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO |
ORDEN DEL DIA:
Primero Preguntas:
[...]
Segundo
Interpelaciones:
[...]
Tercero Mociones:
[...]
--Del
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a
que adopte, en cooperación con las Comunidades Autónomas, las medidas necesarias
para que los libros de texto cumplan con los contenidos de las «enseñanzas
mínimas» y respeten los valores, fines y principios que la Constitución y
la normativa básica establecen (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 10 de septiembre de 2001)
(Número de expediente 662/000146).
[...]
Sumario
[...]
Del GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que adopte, en cooperación
con las Comunidades Autónomas, las medidas necesarias para que los libros
de texto cumplan con los contenidos de las «enseñanzas mínimas» y respeten
los valores, fines y principios que la Constitución y la normativa básica
establecen (Página 3072)
El
señor Barquero Vázquez defiende la moción. No se hace uso del turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Quintana González, por el
Grupo Mixto; Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria;
Liceaga Sagarzazu, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bonet i
Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por el Grupo
Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular. En virtud del artículo
87 hacen uso de la palabra los señores Varela i Serra, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana
de Progrés; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez,
por el Grupo Popular.
[...]
Del GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que adopte, en cooperación
con las Comunidades Autónomas, las medidas necesarias para que los libros
de texto cumplan con los contenidos de las «enseñanzas mínimas» y respeten
los valores, fines y principios que la Constitución y la normativa básica
establecen (Continuación) (Página 3091)
Se
aprueba la moción del Grupo Popular por 128 a favor, 74 en contra y seis abstenciones.
[...]
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
[...]
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A QUE ADOPTE, EN COOPERACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE LOS LIBROS DE TEXTO CUMPLAN CON LOS CONTENIDOS DE LAS «ENSEÑANZAS
MINIMAS» Y RESPETEN LOS VALORES, FINES Y PRINCIPIOS QUE LA CONSTITUCION Y
LA NORMATIVA BASICA ESTABLECEN (662/000146).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la siguiente moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que adopte, en cooperación con las Comunidades Autónomas, las medidas necesarias para que los libros de texto cumplan con los contenidos de las «enseñanzas mínimas» y respeten los valores, fines y principios que la Constitución y la normativa básica establecen.
A esta moción no se han presentado enmiendas.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, el Senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señora Presidenta, señorías, no cabe duda de que
éste es un tema importante por su contenido pero que también palidece ante
los tremendos sucesos que, a través de los medios de comunicación y en directo
por televisión, vivimos ayer, a cuya repulsa, unida a la de los demás portavoces
de esta Cámara y de los grupos parlamentarios, yo también, una vez más en
nombre de mi Grupo, me sumo. Me uno tanto a la repulsa como al sentimiento
de dolor que acompaña a todas las víctimas, incluido el Presidente de los
Estados Unidos.
El artículo 27.1 de la Constitución Española,
al reconocer la educación como un derecho de todos, la configura como una
prestación social constitucionalmente debida y directamente exigible. Se trata
de un derecho subjetivo de prestación exigible frente a los poderes públicos.
Es un derecho que vincula, por lo tanto, a todos los poderes públicos.
En cuanto tal, el contenido de este derecho es enormemente complejo y no lo voy a entrar a analizar, pero va desde el derecho a acceder a la enseñanza de nuestro sistema educativo, hasta el derecho de los ciudadanos y grupo sociales a la creación de centros educativos. Por lo que respecta a la actual moción, sí me interesa, en cambio, señalar que uno de los componentes de este derecho es el derecho a una enseñanza de calidad; derecho que hace referencia sobre todo al contenido de esta prestación por parte de los poderes públicos. Por tanto, he de decir que la calidad es un imperativo ético y pedagógico porque la propia Constitución Española señala como objetivo de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia. Pero, a su vez, la calidad en la enseñanza es también un concepto complejo y además progresivo y dinámico. Complejo porque en él confluyen, sin duda, factores económicos, materiales, de infraestructura, pero también de recursos humanos, como la selección y la formación continua del profesorado, de opciones políticas acertadas o, en su caso, de rectificaciones oportunas para mejorar el sistema, actualizarlo o adaptarlo en función de los resultados de la evaluación a que el propio sistema y sus elementos fundamentales deben estar permanentemente sometidos.
Uno de los elementos esenciales determinantes de la calidad de la enseñanza es también, sin duda, el de los contenidos. ¿Qué debemos enseñar a nuestros alumnos? ¿Qué deben conocer nuestros alumnos? La actualización de los conocimientos, el acceso a las nuevas tecnologías, la vuelta atrás, en su caso, para reforzar, como sucedió en España, los estudios humanísticos que se habían ido diluyendo y debilitando, demuestran, como he dicho, que la calidad de la enseñanza y sus contenidos es una tarea progresiva y dinámica.
La respuesta a la pregunta que nos hacíamos de qué debemos enseñar a nuestros alumnos es evidente que viene condicionada no sólo por el estado actual de la ciencia y de la técnica, sino también por los fines que se pretenden conseguir con un sistema educativo. Hoy la educación, como servicio público fundamental de las sociedades avanzadas, debe orientarse hacia el cumplimiento de un triple objetivo.
En primer lugar, un objetivo técnico, puesto que la sociedad actual y la del futuro será la sociedad de la información y del conocimiento y, por tanto, no será suficiente con tener información sino que será además necesario estar dotado de capacidad para interpretarla.
En segundo lugar, un objetivo de utilidad para el empleo unido a otros factores, sin duda necesarios, y a otras políticas, como las referentes a reformas estructurales o medidas fiscales que sin una educación de calidad no resolverán por sí mismas el dramático problema del paro.
Y en tercer lugar --y es el que en este momento más me importa señalar-- un objetivo humanista o, si sus señorías prefieren más estrictamente cultural, que implica una educación en valores y en el conocimiento suficiente de la realidad física, histórica, lingüística y cultural del espacio social al que pertenece o en el que está incardinado el alumno.
El libro de texto es el instrumento esencial de proyección y materialización de los contenidos de la enseñanza, al menos durante las etapas y los cursos de la enseñanza no universitaria. Por ello, es esencial exigir y apoyar la calidad de los libros de texto dada su importantísima contribución a la calidad del sistema. A todo libro de texto ha de exigírsele como primera característica --y yo diría característica universal, independientemente de cualquier país-- el rigor científico, es decir, no sustituir lo esencial por lo anecdótico, distinguir lo opinable de lo cierto, fundamentar lo verdadero, objetivar lo discutido o discutible, distinguir teorías de hipótesis, no presentar como unívocos conceptos de significación plural, no introducir ideología política partidista, no afirmar como realidad lo que sólo es resultado de un voluntarismo ideológico. Pero además, y en segundo lugar, al libro de texto ha de exigírsele más concretamente que responda de forma satisfactoria a las exigencias normativas del sistema educativo al que debe servir como valioso instrumento de su calidad. Cualquier sistema educativo de un Estado social y democrático de derecho, como el español, se fundamenta sin duda en un núcleo de valores superiores que trascienden y desde luego incluyen a la propia educación de ese país. Tales valores deben ser defendidos siempre, hasta en el lenguaje indirecto y subliminal, en los ejemplos, en los cuestionarios y en los ejercicios, en su caso, complementarios de la información.
En el caso español, nuestro país se ha dotado de un sistema educativo común para todos los españoles, pero muy descentralizado y respetuoso con la pluralidad y singularidad lingüística y cultural de las Comunidades Autónomas; un sistema cuyos contenidos --principalmente los de los estudios humanísticos-- deben garantizar un riguroso equilibrio entre lo común y lo diferente, desde la perspectiva de la España autonómica, de nuestra pertenencia a Europa y de los estrechos lazos que nos unen a otros países, especialmente del entorno mediterráneo y de Latinoamérica.
Nuestros libros de texto deben dar respuesta satisfactoria a esta realidad. Es evidente que el Estado no puede desentenderse de la relación de la educación con el proyecto común presente y futuro que cohesiona y define la vida social, política, económica y cultural de la nación plural que es la España de las Autonomías, Autonomías que incluyen entre sus competencias las de educación --es cierto y lo defendemos--, pero también conviene recordar que, conforme al artículo 149.1,30 de la Constitución Española, corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre --leo textualmente-- «la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.» Reserva constitucional que desde luego recogen los propios estatutos de autonomía. Por ello, hay autores como Muñoz Machado, autor al que me he referido en la moción sobre la alta inspección, que consideran que no es técnicamente correcto calificar de plenas las competencias autonómicas de educación, y prefieren calificarlas --éste y otros autores-- de compartidas o concurrentes.
Precisamente de estas previsiones constitucionales a favor del Estado se deduce la competencia del Gobierno de España para fijar las enseñanzas mínimas y exigir su cumplimiento artículo 4.2 de la LOGSE--; precisamente esto es para garantizar una formación común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes.
Pero conviene recordar aquí también, en sede parlamentaria, la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional en dos de sus sentencias. En la sentencia número 87/83 señala que la reserva competencial que la Constitución atribuye al Estado para obtener un mínimo nivel de homogeneidad en la formación de los escolares difícilmente puede conseguirse si no se fijan tanto las enseñanzas mínimas en cuanto a su contenido, como también los horarios que se consideren necesarios para su enseñanza efectiva y completa. En la sentencia 88/83, el mismo alto Tribunal manifiesta que la competencia no discutida del Estado para fijarlas enseñanzas mínimas conlleva el que dentro de este concepto se comprendan, además de los tiempos a los que se refiere la sentencia anterior, la fijación de objetivos por bloques temáticos.
Por ello, y sin ninguna duda, de acuerdo con el contenido de estas sentencias, el artículo 4.2 de la LOGSE prevé la fijación, por parte del Gobierno, de los contenidos, de los objetivos y del porcentaje o franja horaria que han de ocupar las enseñanzas mínimas.
Pues bien, ésta es, señorías, la distribución competencial derivada de la Constitución, de la normativa básica y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Veamos ahora el estado de la cuestión en cuanto a la competencia y normativa respecto a la aprobación de los libros de texto.
Las Comunidades Autónomas con competencia en educación son competentes para la autorización y aprobación de los libros de texto y demás material didáctico. No tengo las referencias de los reales-decretos de traspasos, pero sí del Real Decreto 2808/1980, de 26 de diciembre, y 3195/1980, de 30 de diciembre, por los que esta competencia concretamente se traspasa a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es verdad que en el Real Decreto de 30 de diciembre citado se traspasa esta competencia para la aprobación de los libros de texto y demás material didáctico --entre comillas--, respetando la ordenación general del sistema educativo así como las enseñanzas mínimas.
A partir de este momento transcurre un largo período de tiempo, nada menos que doce años, en los que no se legisla nada sobre esta cuestión.
En cambio, en los años 1992 y 1993 se dictan reales decretos. En 1992, el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, que regula la supervisión y autorización de libros de texto por parte del Ministerio de Educación en el territorio que es de su competencia, en el llamado territorio MEC.
Además, este Real Decreto y su normativa tiene --está expresamente dicho-- carácter supletorio para que se aplique también en aquellas Comunidades Autónomas que, teniendo competencias de educación transferidas, todavía no han contemplado la legislación correspondiente para la aprobación o autorización de los libros de texto.
Exactamente un año después de la aprobación de este Real Decreto por el Ministerio de Educación --desconozco las fechas de la aprobación de otros reales decretos--, se aprueba el Decreto 143/1993, de 18 de mayo, del Gobierno Vasco, siendo entonces Consejero de Educación don Fernando Buesa, al que quiero rendir aquí un homenaje de amistad y sentimiento.
Sustancialmente el Real Decreto del Ministerio de Educación y este Decreto de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco tienen el mismo contenido.
Resumiendo los aspectos que más nos importan, el Decreto del Gobierno Vasco --e imagino que el de las demás Comunidades Autónomas con transferencias en educación--, primero, confiere a las consejerías o gobiernos autonómicos autorizar o desautorizar proyectos editoriales; segundo, realizado un proyecto editorial publicado y habiendo sido observadas irregularidades o infracciones respecto al proyecto inicial, se prevé que las Comunidades Autónomas puedan desautorizar esa publicación de modo inmediato o sustituir estos materiales en ediciones o reimpresiones posteriores.
Y nos queda una última pieza normativa:
el Real Decreto 480/1981, que configura la alta inspección del Estado en materia
de educación para las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña, y que
es un real decreto paradigmático para el resto de las altas inspecciones.
Dicho Real Decreto dice en su punto 5.4: Si las medidas adoptadas por el Gobierno
competente de la Comunidad Autónoma resultasen insuficientes y persistiera
la infracción, el Ministerio de Educación podrá dejar sin efecto, cuando se
trate de libros de texto y demás material didáctico, la autorización que tuviesen
otorgada.
Esta es la normativa actualmente vigente sobre la situación competencial respecto de los libros de texto. Y del conjunto de esta normativa se pueden extraer las siguientes conclusiones. La primera, que las administraciones autonómicas son competentes, en primer lugar, para desautorizar o autorizar proyectos editoriales; en segundo lugar, para desautorizar publicaciones con efectos a medio plazo, y en tercer lugar, para desautorizar publicaciones con carácter inmediato. En cambio, la Administración del Estado sólo es competente para la desautorización con carácter inmediato de lo ya publicado, careciendo de cualquier tipo de actuación sobre proyectos editoriales. Es decir, de ejercer el Estado su competencia en algún caso el ejercicio de dicha competencia entra automáticamente en conflicto con la Comunidad Autónoma correspondiente y con la editorial que haya editado esa publicación, que además cuenta con la autorización de la Comunidad Autónoma. Y yo me pregunto: ¿quién paga entonces los costes económicos de retirar una edición autorizada por una Comunidad Autónoma? De donde se concluye que prácticamente se aboca a la Administración central a no actuar salvo en casos extremadamente graves.
Por tanto; el Gobierno de la nación no puede aprobar, sólo puede prohibir, y no puede actuar sobre proyectos, sino sólo sobre lo ya publicado y además autorizado por una Comunidad Autónoma.
Señora Presidenta, señorías, una lectura sistemática de las competencias sobre esta cuestión nos revela que esto es un despropósito. No existe equivalencia, ni coherencia, ni equilibrio entre las competencias estatales y las autonómicas a la hora de fijar los contenidos curriculares, ni en las competencias entre ambas administraciones a la hora de valorar, enjuiciar, aprobar o desaprobar los proyectos editoriales. Es cierto que ésta es una normativa compleja que procede de distintas fuentes normativas dilatadas largamente en el tiempo: desde 1980 hasta 1992-93, aprobadas en momentos determinados por circunstancias políticas distintas y procedentes de Gobiernos de diferente signo político.
Sin duda estos factores pueden ayudar
a explicar esta situación de incoherencia y desequilibrio. Pero, dicho esto,
he de advertir también con rotundidad que el Grupo Parlamentario Popular no
desea ni plantea restar competencia alguna en esta cuestión a las Comunidades
Autónomas. Y ello, por pura lógica, en este caso concreto por una razón básica:
el argumento que utilizamos para que el Ministerio de Educación pueda y deba
fijar criterios sobre proyectos editoriales --como es su competencia respecto
de la fijación de las enseñanzas mínimas-- es el mismo argumento con el que
también hay que defender la competencia en esta cuestión de las Comunidades
Autónomas, pues también éstas son competentes para fijar contenidos. Por tanto,
como digo, el argumento es el mismo.
No se trata, pues, de reducir competencias de las Comunidades Autónomas, sino
de instar al Gobierno de la nación a que adopte las previsiones necesarias
para conseguir un mayor equilibrio y coherencia entre sus competencias y el
seguimiento de su cumplimiento.
Garantizar el cumplimiento del contenido
de esta moción debe ser una competencia compartida, y aunque el garante último
de la ordenación general del sistema educativo y de su carácter homogéneo
y común, aunque plural, es el Estado, por ser ésta una competencia compartida,
el Gobierno debe actuar alcanzando acuerdos con las Comunidades Autónomas
sin invadir competencias, pero sin hacer dejación de las suyas propias.
Por último --señora Presidenta, señorías, termino ya--, es el momento oportuno
para plantear esta cuestión, porque se han realizado las transferencias de
educación a todas las Comunidades Autónomas y es necesario hacer un esfuerzo
de cohesión y vertebración del sistema por parte del Ministerio de Educación.
Además, el Gobierno del Partido Popular aprobó recientemente los nuevos reales
decretos de enseñanzas mínimas, reales decretos nuevos que pretenden conseguir
tres objetivos principales. Primero, reforzar el estudio de las Humanidades;
segundo, alcanzar un mayor nivel de concreción en los temarios ya que la vaguedad
y generalidad de los anteriores permitía que en algunos libros de texto o
en la realidad de las aulas se pasaran por alto hechos, autores o temas de
capital importancia; tercero --y considero importantísimo señalar este tercer
objetivo de los nuevos reales decretos--, reflejar mejor la realidad plural
de España en lo cultural, lo histórico, lo literario y lo lingüístico. Se
ha intentado acercar lo más relevante de estos ámbitos de cada Comunidad Autónoma
al conjunto de las enseñanzas mínimas de manera que todos nuestros escolares
conozcan las singularidades más destacadas de otras regiones y nacionalidades
de España.
Por último, el Gobierno ha aprobado destinar
11.500 millones de pesetas para financiar la aplicación de estos reales decretos
que se traducirán en proyectos editoriales para los cursos 2002-2003 y 2003-
2004.
Se dan pues, en este momento, señorías, las condiciones idóneas para mejorar
la calidad de los contenidos de los libros de texto y para lograr un razonable
nivel de diálogo, acuerdo y cooperación en esta cuestión entre el Ministerio
de Educación y las Comunidades Autónomas. Este es también el objetivo que
mi grupo se propone conseguir con esta moción para la que, en su nombre, pido
el apoyo de la Cámara.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barquero.
Pasamos al turno en contra.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra de esta moción? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Creo que para poder valorar la moción que el Senador Barquero acaba de defender debíamos partir, cuando menos, de un par de conceptos básicos, sin cuyo consenso va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en cuestiones como las que ahora se acaban de suscitar.
Entiendo que la constitución del Estado
de las Autonomías significa la construcción de un Estado compuesto. La cesión
de competencias por parte del Estado no se hace a las diputaciones provinciales,
no se hace a organismos territoriales con capacidad de gestión en su ámbito
geográfico; se hace a Comunidades que se dotan de cámaras legislativas y,
por lo tanto, con la capacidad política de transformar a textos legales de
uso común la percepción de la realidad que en cada marco territorial se tiene,
todo ello bajo la perspectiva de la pluralidad que el sistema democrático
nos asegura. Por eso, cuando se transfieren materias de educación a las Comunidades
Autónomas, no sólo se está llevando a cabo la descentralización administrativa
de los mecanismos materiales y humanos que ese servicio tiene a su disposición,
sino que también se está transfiriendo la posibilidad de legislar en ese entorno
y, por lo tanto, de conformar, desde la percepción de cada Comunidad Autónoma,
la realidad que tienen delante según la óptica de la Cámara legislativa de
la que se dotan esas Comunidades en el ejercicio de las responsabilidades
democráticas que le confieren.
Por tanto, es lógico que en materia de educación, no sólo se transfieran medios
humanos sino también la capacidad por parte de las Comunidades Autónomas de
tener un mecanismo de control sobre la calidad y el valor científico de la
educación que allí se imparte.
Por tanto, una de dos: o aceptamos el carácter compuesto del Estado y aceptamos de una vez que las Autonomías también son Estado y que, por tanto, la seguridad sobre el control científico de la enseñanza impartida en cada Comunidad corresponde a la Comunidad y así el Estado ya tiene cubierto su cupo de seguridad y de control o, si no, estamos poniendo en cuestión no el sistema educativo sino el sistema que el propio Estado se ha dado para su configuración. La moción que hoy se nos presenta vuelve a caer en ese error o machaconería de intentar retroceder en la Historia e ir nuevamente hacia la configuración de un Estado que nada tiene que ver con el Estado compuesto que todos decimos defender y que la Constitución establece.
En materia de ciencias sociales y humanas siempre habrá un margen para la discrepancia científica, lo haga el Estado o lo haga la Comunidad, y no habrá, por tanto, una verdad absoluta y unidireccional en esas cuestiones. Lo importante es que ahí donde se haga, se haga en función de un principio democrático asegurado por una Cámara legislativa, como todas las Comunidades tienen.
Cuando estamos poniendo en el punto de mira la posibilidad de que las Comunidades no cumplan ese papel, estamos arrogando al Estado no un papel unificador sino un papel de policía, y estableciendo una desconfianza institucional sobre las Comunidades Autónomas como si éstas no fueran Estado también. Por eso nos parece desafortunada la moción, tanto en el análisis que del problema hace, como en las propuestas que finalmente establece, y por eso nosotros tenemos que hacer un llamamiento a que se cese en planteamientos, en mociones y en propuestas, que hoy son de educación, mañana serán de presupuestos, pasado serán de cooperación autonómica, y que tienen todas el mismo sentido. Desde esa perspectiva, nosotros mantendremos nuestra oposición a la moción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo, Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Grupo de Senadores de Coalición Canaria sobre esta moción.
La moción que se trae en este momento a debate sobre los contenidos mínimos en la enseñanza no universitaria persigue recordar el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a las funciones que han de cumplir tanto el Gobierno del Estado como los de las Comunidades Autónomas sobre el tema, pero este asunto de las competencias, en cuanto a los contenidos mínimos en los libros de texto en la enseñanza no universitaria está totalmente regulado y perfectamente clasificado en lo que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han de asumir en cuanto a los contenidos.
De hecho, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ponente de la moción, nos ha hecho un detallado recorrido por la legislación vigente que ha dictado el Estado sobre el asunto. Por ello, nos parece innecesaria la presentación y debate de esta moción, ya que se trata de un debate sobre algo que está totalmente regulado. No obstante, a pesar de su evidencia, contará con nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Acosta.
En el turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene
la palabra el Senador Liceaga.
El señor LICEAGA SAGARZAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi Grupo al objeto de fijar su posición ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con los libros de texto. De entrada, quiero hacer nuestras las palabras del Senador Quintana, que ha estado muy acertado.
Seguramente, en la historia constitucional,
pocos capítulos de la acción del Estado habrán despertado tan apasionados
debates como la educación y la escuela. La Constitución de 1978 marcó definitivamente
el inicio de una nueva etapa en la que, en líneas generales, las viejas querellas
entre lo público y lo privado en la enseñanza han quedado casi superadas.
Ha supuesto también la consecución de la escolarización universal en los niveles
obligatorios e incluso ha dado paso a una ampliación de la edad escolar. Puede,
por tanto, afirmarse, que los problemas ahora son otros, de orden cualitativamente
distinto, sobre todo de orden económico, también de calidad y de organización
de la enseñanza, de fijación clara de sus objetivos básicos.
El sistema educativo del Estado español ha registrado muy profundamente las consecuencias resultantes de la nueva estructura territorial del Estado, tal y como se acaba de mencionar. El centralismo educativo ha quedado definitivamente cancelado una vez que ha culminado el proceso de transferencias a todas las Comunidades Autónomas y, con ello, quedar ceñida la competencia del Estado a la regulación de las condiciones que aseguren la unidad básica del sistema educativo y a procurar la igualdad de todos en el ejercicio del derecho a la educación. Por tanto, siendo las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa y respetando la normativa básica, son las responsables, las encargadas de la autorización de los libros de texto --se ha comentado también por la parte que presenta la moción-- para enseñanzas no universitarias y tienen la responsabilidad de la producción propia y la supervisión en materia de libros de texto para las enseñanzas no universitarias.
En cualquier caso --también se ha mencionado--, la Alta Inspección, educativa del Estado, que se constituye en virtud de la competencia que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye al Estado, es un órgano estatal encargado de comprobar y verificar el cumplimiento en las Comunidades Autónomas de las disposiciones que el Estado ha dictado en materia educativa en el ámbito de sus competencias.
Así, por ejemplo, comprueba el cumplimiento de los contenidos mínimos comunes en todo el Estado de los programas de enseñanza, de la ordenación efectuada por el Estado de los estudios de los distintos niveles, o el cumplimiento por los alumnos de los requisitos de edad y titulación para acceder de unos estudios a otros.
Existen, por tanto, suficientes mecanismos de control tanto de orden autonómico como estatal, y por eso entendemos que esta iniciativa es superflua por obvia, o cabe quizá otra lectura, que es que haya dudas o suspicacias de que no se hacen bien las cosas. En definitiva, vamos a votar en contra dado que este tipo de iniciativas no hace sino generar, a nuestro entender, incertidumbre y confusión y responden, evidentemente, a un marketing político.
Muchas, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Liceaga.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Senador Bonet tiene la palabra.
El señor BONET I REVES:
Gracias, señora Presidenta.
Desde nuestro Grupo, Entesa Catalana de Progrés, no vamos a dar apoyo a esta propuesta. Y no lo vamos a dar porque encontramos que es un redundante alarde de una competencia que el Estado ya tiene y que parece que no la aplica o no sabe cómo aplicarla, o quizá su señoría cree que la Alta Inspección en el País Vasco no funciona.
De todas formas, tenemos razones fundadas para sospechar que se trata de una moción más inscrita en este movimiento de reconquista de competencias en que se ha empeñado el PP desde que tiene la mayoría absoluta. Para nosotros, pues, la moción rezuma deslealtad constitucional, es una moción, sencillamente taimada. Si hay algún problema en algún libro de texto, de la índole que sea, hay otros mecanismos y no generalizar el problema y cuestionar la distribución de competencias que las Comunidades Autónomas vienen asumiendo.
Desde hace tiempo vemos en esta Cámara que el PP va presentando mociones destinadas a diluir las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las exclusivas.
Dicen que en todo discurso político hay que tener cuidado en discernir las pretensiones y los pretextos. Los pretextos son el señuelo que se exhibe para conseguir una recóndita pretensión. El neocentralismo del Partido Popular es la pretensión final y los pretextos utilizados son múltiples: que si hay que garantizar una racionalidad, que si Europa lo exige, que si se atenta contra la unidad de España, que si la Constitución dice que el Gobierno central tiene competencias, que si el Partido Popular tiene mandato a partir de su mayoría absoluta, etcétera.
Ustedes son desleales con la Constitución. (Rumores.) El lunes, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Senador Escobar nos decía que España es el Estado más descentralizado del mundo. Esto no es verdad del todo. Alemania, Bélgica, Suiza o Canadá están mucho más descentralizados que el Estado español; sólo hay que ver el sistema de de financiación que tienen.
No se trata sólo de una cuestión de descentralización, no sólo estamos ante una cuestión administrativa. Estamos ante una cuestión política. Y lo que sí es verdad del todo, pero el Partido Popular no lo quiere entender, es que España es el Estado más plural de Europa en términos lingüísticos, culturales e históricos. Y como dice el profesor don Javier Tusell, para desarrollar esta pluralidad se necesita tanto una pedagogía de la pluralidad como, sobre todo, un patriotismo de la pluralidad. Pero ustedes quieren eliminar esta pluralidad. Para ustedes esto es un barullo. Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, son patriotas de la uniformidad. Para ustedes el desiderátum del sistema autonómico sería hacer de las Autonomías una especie de «holding» de 19 parques temáticos iguales: igual financiación, igual sistema político, igual sistema lingüístico, igual clima, igual agua, igual sistema de partidos con algún que otro partido vernáculo de un regionalismo bien entendido.
Ustedes
están empeñados en negar la evidencia, en negar que hay diferencias reales.
¡Si hasta lo dice la Constitución, aunque ustedes lo niegan, señorías. En
su artículo 2 la Constitución habla de la unidad indivisible de España, pero
también habla de nacionalidades y regiones.
Es decir, hay diferencias y hay que desarrollarlas: Y no pasa nada.
No cabe duda de que esta moción está directamente relacionada con otra que
usted mismo, Senador Barquero, presentó en esta Cámara; una moción que trataba
de la vitalización y del «desacomplejamiento» de la llamada Alta Inspección.
En aquella moción estaban ya las claves de la ofensiva del Partido Popular
para recuperar las competencias educativas que a lo largo de estos años se
han ido transfiriendo a las Comunidades Autónomas.
Estamos, pues, ante la gran marcha atrás.
Pero
la madre de todas estas mociones es la polémica que se suscitó sobre la enseñanza
de la Historia, un escándalo que tuvo mucho de farisaico, como la mayoría
de los escándalos en política. El famoso informe de la Real Academia de la
Historia sobre los libros de texto que motivó el Decreto de Humanidades se
ha comprobado que no tenía fundamento alguno.
Un estudio de la Fundación Jaume Bofil, dirigido por el Catedrático don Antoni
Segura, demuestra que es una tormenta en un vaso de agua. El estudio constata
que en los libros de la ESO se dedica un porcentaje muy superior a la Historia
de España que a la particular Historia de cada Comunidad. Así, en Andalucía,
Canarias, Valencia, o incluso en el País Vasco, apenas se supera el 10 por
ciento cuando tienen derecho al 35 por ciento. En Cataluña, la media en la
ESO es del 15 por ciento, cuando tiene derecho al 45 por ciento; y si bien
se llega al 34 por ciento en el Bachillerato, aún distan 11 puntos sobre ese
45 por ciento que les corresponde. ¿A qué viene, pues, esta moción ahora?
Ya el Partido Popular cuando estaba en la oposición se quejaba de los libros
de texto en el sistema vasco con el entonces Consejero de Educación por el
Partido Socialista de Euskadi, Fernando Buesa, asesinado por ETA. (El señor Barquero Vázquez: ¡No es verdad!) Después el Partido Popular proponía
en estos meses pasados en el programa electoral para Euskadi revisar las autorizaciones
de algún libro de texto. Pero ustedes no cejan. Ahora el pito parece que lo
ha tocado un informe veraniego de la Delegación del Gobierno del País Vasco.
Seguramente algunos libros de texto tienen algunas frases, no ya anticonstitucionales,
sino ciertamente anticientíficas y hasta reñidas con el buen gusto, pero desde
nuestro Grupo creemos que el Estado tiene que utilizar otros procedimientos
más singulares y más propios, que coger el rábano por las hojas e iniciar
un proceso general de redistribución de las competencias, que creemos que
funciona perfectamente en este caso, como ha demostrado la Fundación Jaume
Bofil.
Señor Barquero, usted nos propone un ejercicio de ingeniería jurídica, y malo cuando se ha de apelar a tanta artillería jurídica. Ustedes han hecho una moción en la que dicen respetar constantemente las competencias de las Comunidades Autónomas; pero no tienen credibilidad porque sólo actúan en un sentido. Y podrían haber ganado un poco de credibilidad en estos días sencillamente si el Ministerio o la Alta Inspección hubiera hecho un informe, por ejemplo, sobre las insólitas propuestas de la Generalitat valenciana de sólo incluir escritores nacidos en Valencia en los libros de texto. Esto es una tontería y más, si cabe, habida cuenta de que con esta normativa valenciana la propia producción literaria del Presidente Zaplana no podría ser motivo de estudio en dicha Comunidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En las trágicas circunstancias mundiales en que estamos, que todos lamentamos solidarizándonos con las víctimas, aún es más patéticamente lamentable e inoportuna esta moción. Porque si estas circunstancias nos obligan, señor Barquero, señores del Grupo Popular, a tener una visión universal de los problemas, un espíritu abierto, progresista, venir aquí con una política torva, con desconfianza, con el ceño fruncido hacia las Autonomías y hacia este Estado plural que estamos construyendo, hacen de esta iniciativa una moción francamente triste y desafortunada.
Además, es una moción que tiene términos casi ofensivos respecto a las Autonomías y a la acción de gobierno de las mismas, porque que desde aquí instemos al Gobierno a que vigile que los libros de texto respeten --cito textualmente-- los valores, fines y principios que la Constitución establece, parece indicar que hay casos en los que no se cumple, y esto no ha ocurrido. Desde luego, desde Cataluña no podemos aceptar de ninguna manera que se pueda dudar acerca de que los libros que estudian nuestros escolares no respetan los valores, los fines y principios de una Constitución que votamos, y que garantiza unas libertades y un reconocimiento político por el cual luchamos denodadamente.
Ya
dijimos en su momento que no estábamos de acuerdo con el contenido del informe
del Real Academia de la Historia. Además, como acaba de decir el Senador Bonet,
este verano ha aparecido un informe de la Fundación Jaume Bofil que con muchos
datos del Catedrático Segura demuestra la pequeñez argumental del informe
de la Real Academia de la Historia.
Usted ha dicho en su intervención, señor Barquero, que no pretendía disminuir
las competencias de las autonomías. Pero, como me indicaba mi compañero y
amigo, el Senador Cambra, la competencia es una. Si una competencia se comparte,
se debilita. Por tanto, con esta moción ustedes están desconfiando de cómo
funcionan las autonomías no demuestran un espíritu progresista y abierto y
pretenden disminuir, laminar, las competencias de las autonomías.
Pero hay más todavía. Como ha dicho también el Senador Bonet, no tienen credibilidad, porque, en cuanto a los libros de texto, que es el tema esencial que estamos tratando, en los años anteriores nuestro Grupo Parlamentario ha pedido repetidamente que el Gobierno del Estado actúe sobre lo que está acaeciendo desde hace tiempo con los libros de texto en Valencia. Más o menos usted ha venido a decir que el Gobierno no puede actuar. (El señor González Pons: ¡Cuando le conviene a usted!--El señor Barquero Vázquez: ¡Eso, cuando le conviene a usted!) No sé a qué, viene la gracia porque la situación allí es poco graciosa por lo que se refiere a este ámbito de los libros de texto.
Usted dice que la situación legal aboca a no actuar. (Risas.) Senador Barquero, si quiere escucharme, aparte de reír un poco...
Como se le ha recordado repetidamente también, hay una Alta Inspección que podía y debía haber actuado, y estaba capacitada para actuar.
En el año 1997, el Instituto de Filología de Valencia denunciaba públicamente --y cito textualmente-- las maniobras con las que el Gobierno valenciano intenta tergiversar nuestra historia y la identidad filológica del valenciano en los libros de texto destinados a la enseñanza secundaria. Esto se denunció aquí, en el Senado. ¡Por favor, están haciendo un genocidio lingüístico...! (Protestas y gestos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular) Están haciendo un genocidio lingüístico en Valencia y pedimos que el Gobierno actúe. El Gobierno no ha actuado. (Rumores.) ¿Pueden escuchar aparte de hacer gestos ostentosos? Durante todos esos años no han actuado y, por tanto, no tienen credibilidad con esta moción. Y actualmente, como también ha indicado el Senador Bonet, existe este proyecto, que ya se ha enviado a las editoriales, que es público, de eliminar de los libros de texto los autores que no han nacido en Valencia. ¡Es algo increíble! La excusa que emplean los gobernantes de Valencia es que la finalidad es proteger a los escritores valencianos pero Enric Sòria, escritor valenciano, ha manifestado: «Yo soy valenciano y escritor y no me siento nada protegido; me siento espantado y también avergonzado.» (Risas.) Sí, ría, ría. Se siente avergonzado. Y sigue diciendo: «No conozco ningún otro lugar en el mundo donde el estudio de una literatura se limite a fronteras autonómicas o regionales.» ¿Se imaginan que las autoridades de Nebraska protegiesen a sus autores sacando de los programas a Shakespeare? Eso es lo que hacen ustedes en Valencia. ¿Quién protegería a los pobres estudiantes de tal salvajada? Otra escritora valenciana, Isabel-Clara Simó, dice lo siguiente: «La censura hecha, en función de la procedencia de los autores, a los libros de texto valencianos, de los que se han eliminado todos los escritores nacidos en el actual principado de cataluña.» ¿No es una clara discriminación y, como tal, algo inconstitucional? Siguiendo el mismo criterio de valencianidad, ¿por qué no han censurado a los escritores que se expresan en castellano y no han nacido en Valencia? Es decir, en los libros de Valencia sí sale Espronceda o Rubén Darío, pero no Josep Pla o Mercè Rodoreda. ¡Es increíble! El Gobierno no ha actuado en estos años, pero esperemos que lo haga en el futuro.
Por otro lado, lo de genocidio lingüístico no es una invención mía. Tengo aquí un artículo titulado «Genocidio de Estado» escrito por un Catedrático, Joan Solà, de la Universidad de Barcelona, existen muchos más textos escritos en este sentido, y estamos procurando que no suceda.
Ayer, diversos diarios publicaron unas declaraciones del Director de la Real Academia Española sobre la posición de dicha institución en esta cuestión, que realmente siempre ha sido la misma. Concretamente, dice que la Real Academia considera el valenciano como una variedad del catalán, que se habla en gran parte del antiguo Reino de Valencia y que es allí sentido como lengua propia. Termina diciendo que hay que ser muy abiertos porque la guerra de las lenguas es siempre mala y que la literatura tiene una dimensión universal.
Sinceramente, creo que la moción que nos presentan hoy no es muy abierta, sino que más bien indica la cerrazón y, como apuntaba el Senador Bonet, un paso atrás. Pero como nosotros propugnamos un espíritu abierto y un avance hacia adelante, pedimos que se retire la moción y que en los libros de texto de todo el Estado, señor Barquero, haya --como usted pedía-- rigor científico y no se introduzca ideología política partidista. Eso es lo que le venimos pidiendo desde hace tres o cuatro años al Gobierno, que tiene competencias que hasta ahora no ha ejercido pero que esperamos que ahora asuma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Por el Grupo, Parlamentario Socialista, tiene la palabra, el Senador Fernández
Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, Senador Barquero, me ha gustado su intervención, salvo un fragmento
del final de la misma, desde el punto de vista de la referencia de que se
trata de un informe jurídico competencial; un informe jurídico en el que incluso
he creído ver un cierto reproche al Gobierno, a su Gobierno, al Gobierno de
todos que ustedes apoyan.
Al leer el texto de la moción me ha venido a la memoria otra anterior
--usted también lo ha citado-- presentada igualmente por el Grupo Parlamentario
Popular y defendida por usted, Senador Barquero, que, como recordará, fue
aprobada en el Pleno del día 24 de abril, en la que se exigía al Gobierno
que dotara a la Alta Inspección de la estructura organizativa y de los recursos
necesarios para ejercer las funciones y las actividades que le confiere la
normativa vigente. Recordará incluso que mantuvimos una pequeña polémica lingüística
en torno a los términos «exigir» o «instar».
Ya en aquella ocasión todos los portavoces, excepto el del Grupo Parlamentario
Popular, pusimos de manifiesto que de una forma u otra se estaba utilizando
al Senado para solicitar al Gobierno que hiciera algo a lo que estaba obligado,
algo que debía hacer sin esperar a que por medio de una moción le recordásemos
sus funciones. Aun así, y dando una clara muestra de responsabilidad política,
el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda por la que se sustituía
el término «instar» por «exigir» y además delimitaba perfectamente el campo
de actuación, es decir, dentro de la normativa vigente. Mediante esta enmienda
deseábamos manifestar claramente nuestro compromiso y nuestro apoyo a la Alta
Inspección dentro de ese marco jurídico que estaba y está vigente; apoyo que
reitero en nombre de mi Grupo en este momento y espero que el Gobierno haya
tomado nota de esa moción y haya dotado a la Alta Inspección de todos los
medios para que cumpla eficazmente sus funciones, que es lo que exigía aquella
moción.
Hoy la historia se repite. Se ha presentado una moción por la que se insta
al Gobierno a que adopte las previsiones necesarias para que los libros de
texto cumplan con los contenidos de las enseñanzas mínimas y se respete en
ellos la Constitución. Bien, esa insistencia en recabar al Senado el apoyo
para que el Gobierno haga lo que tiene que hacer me parece preocupante, señorías.
Es malo que el Senado sea una especie de agenda del Gobierno, que vaya indicándole
a golpe de moción cuándo tiene que actuar y qué es lo que tiene que hacer.
Y es muy malo poner bajo sospecha como posibles defraudadores a las consejerías
de educación de las distintas Comunidades Autónomas, que es el espíritu de
esta moción.
No creo que esto sea bueno, repito. Usted hablaba anteriormente del diálogo
y del acuerdo. No creo que sea ésta la forma de llevar adelante y mantener
ese diálogo y ese acuerdo, para que haya una franca y leal colaboración entre
las consejerías de educación, en nuestro caso, y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte Ya se ha dicho y creo conveniente repetirlo que las Comunidades
Autónomas tienen transferidas las competencias educativas y, por tanto, son
las que legislan y ejecutan la enseñanza en toda su extensión, en grados,
niveles, modalidades, especialidades, etcétera, es cierto que respetando las
facultades que son competencia del Estado, como usted ha citado, que figuran
en el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
No está de más recordar una vez más --ya lo hice en aquel momento y con aquella
moción-- la sentencia del Tribunal Constitucional 6/1982 y el Real Decreto
480/1981 que dejan perfectamente claras las competencias, del Estado en materia
educativa y que resumiendo para no aburrirles dice lo siguiente: Corresponde
al Estado la ordenación general del sistema educativo, la fijación de las
enseñanzas mínimas, etcétera, y después se refiere, que es lo que nos interesa,
a la Alta Inspección. Esa Alta Inspección que hemos exigido al Gobierno que
se dote con todos los recursos, etcétera, para que pueda llevar adelante su
trabajo con eficacia. Sus competencias, las de la Alta Inspección son, entre
otras, comprobar que los planes, programas-estudio y orientaciones pedagógicas,
así como los libros de texto y demás material pedagógico, se adecuan a las
enseñanzas mínimas y que éstas se imparten con observancia de lo dispuesto
por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos
planes de estudio; ésa es una competencia en donde se habla claramente de
los libros de texto.
¿Cómo actúa o debe actuar la Alta Inspección? La Alta Inspección actuará mediante
informes --todo esto está legislado y estoy seguro de que usted lo sabe--
y actas que han de ser remitidas, primero, al Ministerio de Educación y, segundo,
al Delegado General del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Si hubiera alguna infracción se pedirá al órgano competente de la Comunidad
Autónoma que se corrija esa irregularidad y si persistiera la infracción el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá por sí mismo poner en ejecución
lo que está previsto en la legislación estatal y que en el caso que nos ocupa,
los libros de texto, consistiría en dejar sin autorización los libros y material
didáctico que incumplan alguna norma.
La pregunta, Senador Barquero, es la siguiente: ¿Tienen ustedes constancia
de que en alguna Comunidad Autónoma, en alguna Consejería de Educación, los
libros de texto no traten los asuntos con el necesario rigor, no cumplan los
contenidos mínimos o no respeten los valores, fines y principios que dicta
la Constitución? ¿Lo saben ustedes? ¿Existe algún informe de la Alta Inspección
a este respecto en donde se denuncie algo? Díganlo claramente. Usted no lo
ha dicho, Senador Barquero. Díganlo.
La cuestión es que si no tenemos constancia --yo no la tengo y no se me ha
informado de ello-- de que haya cualquier infracción en una Comunidad Autónoma
o de que exista un informe de la Alta Inspección dejando patente que hay una
infracción, señorías, el Gobierno tiene sus obligaciones y el Senado tiene
cosas más interesantes que hacer porque no sabemos para que estamos aquí,
para pedirle al Gobierno que haga algo que tiene que hacer, a lo que está
obligado. Si hay irregularidades, aplíquese la ley y corríjase en lo que tiene
que corregirse.
La verdad es que --como decía al principio-- en su intervención noté un cierto
reproche al Gobierno. Ha abocado, incluso, a los gobiernos a no actuar cuando
ha hablado de quién paga los costes económicos cuando hay que retirar un libro.
Si plantean esta moción como una especie de censura al Gobierno no tenga ninguna
duda de que votaremos a favor; ninguna duda (Risas.); pero si como creo esta
moción va a servir para poner bajo sospecha a las consejerías de educación,
que es lo que hace, o apoyar al Gobierno para que interfiera en las competencias
de las Comunidades Autónomas, señoría, no cuente con nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En su nombre, tiene la palabra el Senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer, lugar, quiero agradecer el tono que han mantenido la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el último portavoz. No todos, desde luego, porque yo aquí no he pretendido hacer una defensa de la moción que excitase los sentimientos, quizás menos intelectuales, menos pedagógicos y menos educativos que algún portavoz ha mostrado. En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo de Coalición Canaria el apoyo a esta moción.
Algún portavoz ha venido con una intervención preparada con el pie cambiado creyendo que este portavoz lo que iba a hacer aquí era una especie de manifiesto contra Comunidades Autónomas y contra libros de texto, a alguno incluso se le ha escapado, porque el subconsciente le ha traicionado, que iba a haber un debate de contenidos sobre la historia.
Lejos
de la opinión de mi Grupo parlamentario, y desde luego de este portavoz, el
entrar en temas doctrinales y de contenido, porque ésa, en todo caso, sería
función de los expertos y yo, si en alguna materia me puedo considerar un
poco experto es en aquella que por mi formación y por las oposiciones que
he pasado, conozco algo, que es la filosofía; en todas las demás soy un lego,
como puede ser cualquier otro. Por tanto, no era ése el motivo ni el objeto
del debate, y usted, señor Fernández Zanca, tiene un modelo de intervención
para estos temas, se saca siempre la foto en la misma postura, pensando que
aquí venimos a hacer censuras al Gobierno o a exigirle que haga lo que por
ley tiene que hacer. En el fondo hay posturas un tanto farisaicas. Todos sabemos
cómo nace la Alta Inspección, cuándo nace, cómo actúa y a qué pactos ha estado
sometida, siendo ustedes los responsables del Gobierno de este país para conseguir
votos para otras leyes. Pero tampoco es ése el debate. (Rumores.) Yo he tratado
de explicar cómo en este asunto concreto hay una dispersión normativa, una
falta de coherencia y una falta de equilibrio. Por tanto, no estoy haciendo
una crítica al Gobierno, lo que estoy pidiendo es que se remedie desde una
situación de diálogo, de compromiso de consenso con las Comunidades Autónomas,
e incluso de cambio normativo, si fuese necesario. Pero como el debate de
fondo es que parece que mi Grupo está manteniendo una involución autonómica,
etcétera, he de decirle que yo no voy a repetir aquí las competencias que
tiene el Estado en materia educativa, que el Senador
Bonet parece desconocer absolutamente porque habla de la Constitución
omitiendo cuestiones verdaderamente importantes.
Quiero decir que la misma Constitución dota al Estado de instituciones y mecanismos
de control para verificar el cumplimiento de las competencias que son suyas.
Algunas de estas instituciones son recogidas incluso por los propios Estatutos
de Autonomía, pero he de decir también otra cosa, que los mecanismos de control,
constitucionalmente hablando, no son cerrados --pero cuando se habla de la
Constitución o de cuestiones jurídicas parece que uno tiene que pedir perdón,
igual que cuando uno vota con la mayoría que los ciudadanos le han dado--.
Por ejemplo, en el tema educativo hay preceptos constitucionales que pueden
dar ocasión a mecanismos de control específicos en materias concretas, como
el artículo 27.8, cuando declara que «los poderes públicos inspeccionarán
y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las
leyes.» No estamos pidiendo ninguna competencia que no tenga en este momento
el Estado y el Gobierno.
El señor Fernández Zanca ha hecho un recorrido por el Real Decreto 480/1981,
que regula la Alta Inspección y ha llegado al artículo 5.4, que lo que regula
es que el Estado, a través de la Alta Inspección tiene la capacidad del palo
y tentetieso, y eso es lo que no debe ser, porque eso crea un conflicto con
la editorial y con la Comunidad Autónoma correspondiente. Lo que nosotros
estamos pidiendo es que esa competencia que tiene el Estado y el Gobierno
central se racionalice, señoría, que quepa un diálogo, que quepa un acuerdo,
que sobre el proyecto editorial, el Gobierno central y el Estado tengan algo
que hacer en las materias de sus competencias, y que el único instrumento
del Gobierno central no sea el palo y tentetieso. Si eso es regresión, yo
no lo comprendo, y mi Grupo tampoco; si eso es ir contra una competencia de
la Comunidad Autónoma, tampoco lo entiendo ¿Por qué? Porque el Estado tiene
esa competencia.
Pero tiene la competencia de prohibir, exclusivamente de prohibir, ocasionando un conflicto con la Comunidad Autónoma que ha autorizado ya ese proyecto y esa publicación, y otro conflicto --yo me refería al aspecto económico-- con la editorial correspondiente, señoría. (El señor Carracao Gutiérrez: Pida un cambio normativo.) A lo mejor, no convenía entrar en temas de contenido, sino en otras cuestiones un poco más pormenorizadas. Tengo recogidas una serie de denuncias de editores, concretamente de ANELE, Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que me gustaría, señora Presidenta, que sus señorías escucharan.
El
sistema de homologación de los textos por parte de las Comunidades Autónomas
favorece la práctica de la censura previa --dice el Presidente de ANELE--.
En el sistema educativo hay un cierto abuso de las competencias autonómicas
que incluyen, entre otras cosas, el ejercicio de la censura previa de los
libros. Y este señor opta por buscar un mayor equilibrio entre las administraciones
autonómicas y la Administración central.
Un cualificado representante de otra importante editorial dice lo siguiente
--permítanme que evite dar nombres por razones obvias--: Hay una censura como
en el franquismo. Hay seis o siete Comunidades Autónomas que, más allá del
currículo, te dicen que pongas esto o quites aquello para homologarte el libro.
Eso no es razonable. Y dice también el mismo alto cargo: Ciertas Administraciones
no favorecen la tergiversación, pero la toleran, no rechazando estos libros
de texto.
El director de otra muy importante editorial dice lo siguiente: Los responsables
de la tergiversación de determinados libros de texto son más autores empeñados
en imponer criterios políticos --lo de autores empeñados en imponer criterios
políticos es textual--. El director del departamento de orientación de otra
importante editorial dice: Sí que a veces nos ha ocurrido --esto sí que tiene
delito-- que es el criterio sesgado del funcionario de turno que tiene que
homologar el libro el que se empeña en rechazar un libro porque falta esto
o aquello. Y una persona concreta dice: ¿Quién es un funcionario para impedir
la publicación de un libro de Lengua y Literatura del Académico Lázaro Carreter?
--tal como he citado antes, pues éste el único autor que he mencionado, es
el Presidente de ANELE quien pronuncia esta última frase.
En la inauguración de la muestra El libro de texto en una España plural, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid en septiembre de 1999, ANELE, la misma
asociación, denunció que las Administraciones territoriales arguyen motivos
tan triviales como provincianos para que no se publique un libro de texto.
Según su Presidente, se ha dado el caso de que una Comunidad Autónoma haya
rechazado la edición de material didáctico porque en el problema de matemáticas
que planteaba se incluía una pregunta del siguiente tenor: ¿Cuánto tiempo
emplea el AVE en recorrer la distancia que media entre Madrid y Sevilla? Decía
que no se podía publicar el libro porque no se hacía alusión a ningún topónimo
de la región. Esto no es entrar en contenidos, sino en que, en el uso de competencias
legalmente atribuidas, existe un intervencionismo absolutamente brutal en
algunos casos.
Termino, señorías, diciendo algo que no tenía previsto en absoluto. El portavoz
del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene intervenciones verdaderamente
curiosas. Según él, el Estado tiene que intervenir cuando a él o a su Grupo
Parlamentario le conviene, como ocurre en el caso de Valencia, pero sus deseos
de intervencionismo no solamente se refieren a España o al Estado español,
como él dice. Recuerdo una Comisión de Educación en la que más o menos pedía
que el Ministerio de Educación interviniese en el Estado Federal de Kansas,
en Estados Unidos, para que no enviásemos allí a los chicos porque unas asociaciones
educativas habían prohibido que se enseñase la teoría, de la evolución. Uno se queda maravillado cuando
resulta que la más mínima intervención en Cataluña pone frenético al señor
Varela, pero no le parece mal que haya incluso recomendaciones e intervenciones
que van más allá de las fronteras de nuestro Estado. Por ello digo
que es verdaderamente curioso.
Aunque no quería entrar
en este tema ni mucho menos, sí voy a leer cuatro frases de un libro de texto
de Cataluña --y con esto finalizo, señora Presidenta, señorías--. Dice un
libro de texto de Cataluña; por huir de la historia: Río- Ebro. Río que nace
en tierras extrañas y que desemboca en Amposta por un delta. También en Cataluña,
en un libro de Ciencias Sociales de Segundo Ciclo de ESO, hay un juego parecido
al de la oca en el que el jugador tiene que retroceder con su ficha si cae
en una determinada casilla. Voy a leer lo que dice la casilla objeto de retroceso:
el Estado centralista --pone esa casilla-- reprime él movimiento de autodeterminación
de tu nación y provoca una emigración en masa de la población y hay que retroceder
30 casillas. Eso es lo que lee el niño.
Termino con un último caso, señorías. Un manual de sexto de Primaria de Cataluña explica a niños de 11 años --y esto que voy a leer ahora afecta a otras Comunidades Autónomas-- lo siguiente: La lengua de Cataluña es el catalán; sin embargo, el País Vasco tiene dos, el euskera y el castellano, y ¡Galicia! --entre admiraciones-- sólo una, el castellano.
Muchas gracias, señorías; señora Presidenta. (Aplausos en los escasos del Grupo Parlamentario Popular.)
La
señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barquero. (Varios señores Senadores piden
la palabra.) Me disponía a preguntar ala Cámara si quería que continuáramos
con la sesión, puesto que la votación va a ser por la tarde, después de la
defensa de la siguiente moción, pero veo que hay muchos turnos solicitados
en virtud del artículo 87.
Senador Varela, tiene la palabra por un tiempo de dos minutos.
El señor VARELA I SERRA:
Gracias, señora Presidenta.
En primer fugar, señor Barquero, esta intervención sobre Kansas no fue de un servidor, sino de un Senador socialista, el señor Granado, y me parece una intervención magnífica porque, precisamente este espíritu universal y progresista es el que reclamamos. Y muchas veces hemos pedido --yo lo hecho-- que el Gobierno español sea más eficaz y más beligerante en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Por tanto, no tenemos que cerrarnos en nuestro modelo de Estado. Esa intervención era para ayudar a los estudiantes españoles que iban a estudiar a Kansas, pero no era mi moción.
En
segundo lugar, usted puso un ejemplo, sin que se pueda contrastar si lo que
dice es cierto o no porque no tenemos datos. Si esto fuese cierto, la pregunta
es por qué el Gobierno no ha actuado. Tiene mecanismos suficientes para hacerlo.
No venga usted con la excusa de que es complicado. El Gobierno puede actuar
y si no lo ha hecho es por omisión.
Insisto, me gustaría que después me diera usted los datos para comparar porque
estoy convencido de que en Cataluña la convivencia es excelente y que el contenido
de los libros escolares --puede haber algún caso o algún error, evidentemente
no somos perfectos-- respetan totalmente la Constitución y sus valores, cosa
que la moción que ustedes pretenden aprobar parece que pone en duda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el Senador Bonet, por un tiempo de dos minutos.
El señor BONET I REVES:
Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor
Barquero, usted es un radical. (El señor Barquero Vázquez:
¡Gracias!--Risas.)
Usted es un radical porque sólo ve el palo. ¿Dónde está escrito que el Gobierno
del Estado no puede pedir información o dialogar con el Gobierno de una Comunidad
Autónoma si hay algún problema en algún libro? En ningún sitio. Esto no se
puede tipificar jurídicamente. La cuestión del diálogo es sobre todo una cuestión
de actitud. Y malo es si siempre se tiene que ir a todos los textos y sobre
todo haciendo ingenierías financieras que, en definitiva, lo que quieren conseguir
es volver a recuperar las competencias.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
No le he pedido que retire la palabra «radical», que tiene una acepción peyorativa parecida a intolerante porque la acepción etimológica es que va a la raíz. Por tanto, espero que se interprete la acepción etimológica. (Aplausos.)
El señor BONET I REVES: Perdón, señora Presidenta. Quería decir que no es cuestión de blanco y negro. Y la realidad es multicolor.
Señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Como le digo, la acepción etimológica de la palabra es la verdadera.
Senador Fernández Zanca tiene otros dos minutos.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Barquero, yo no le voy a llamar radical, pero sí es cierto que va hasta el extremo. No creo que se trate solamente de la permisividad total o del palo y tentetieso que usted citó. El Senador Bonet lo decía claramente: hay ocasión de diálogo, de colaboración, de leal colaboración con las Comunidades Autónomas. Repito que en su primera intervención hizo una crítica velada al Gobierno; en la segunda criticó a la oposición, y lo único que no hizo fue defender una moción que es indefendible.
De todas formas, señoría, le diré que a lo mejor si usted no quiere lo del palo y tentetieso, otra fórmula habría sido llevar esta moción a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde están representadas todas las Autonomías, y que en ella se manifestara usted como lo ha hecho en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Senador Barquero, tiene usted la palabra.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente. Gracias, señora Presidenta, incluso por la interpretación de radical.
Senador Bonet,
con toda normalidad le diré que si de algo no nos puede tachar a nosotros
es de esto, por una razón: porque precisamente lo que buscamos es el diálogo,
que se pueda abrir que el Gobierno intervenga, a priori, en los proyectos
editoriales y no solamente sobre lo publicado, que además cuenta con el respaldo
y con la autorización de la Comunidad Autónoma. Nosotros precisamente lo que
queremos es evitar el conflicto. Nosotros lo que queremos es evitar el palo.
Lo que queremos es no ir a lo radical, a lo último, al final de la prohibición.
Lo que queremos es poner las bases para que eso no llegue a tener que realizarse
en algunos casos.
Señoría, me parece una postura absolutamente razonable; si usted me dice que en el fondo yo tengo que interpretar su intervención como si quisiera que no hubiera ningún tipo de participación por parte del Estado, le diré que el Estado la tiene asignada por ley, y con toda la mala impresión que a usted le da la palabra racionalizar, las palabras razón y racionalizar son términos políticamente muy correctos y muy convenientes, salvo que uno esté en una postura esencialista; si ésa es la suya o la del Senador Varela, no tengo nada más que decir.
Al señor Fernández Zanca le voy a leer un texto --cuatro líneas nada más--, a ver si usted piensa que este texto también es retrógrado o a ver qué le parece a usted: «Me importa mucho mi país; lamento esta situación en la que los niños de las escuelas van a terminar sabiendo mucho de Andalucía, Galicia o Cataluña, y nada de España. Están desapareciendo de los textos escolares los conceptos de lo que es nuestro país, eso a lo que he dedicado treinta años de los cincuenta y cinco que tengo.» ¿Le parece mal a usted este texto? (El señor Fernández Zanca: ¡Me parece muy bien! Lo que tienen que hacer es tomar medidas.) Pues esa frase es de don Felipe González, pero cuando dejó de estar en el Gobierno; cuando estaba en la oposición; eso es lo que decía en el año 1997 cuando había dejado de gobernar. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Coherencia, señoría. Decir en la oposición lo que no se ha hecho en el Gobierno, éticamente no es bueno.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barquero.
Señorías, puesto que ya son las dos, creo que procede suspender la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde. Las votaciones serán en torno a las cinco o cinco y cuarto.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas.
[...]
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A QUE ADOPTE, EN COOPERACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE LOS LIBROS DE TEXTO CUMPLAN CON LOS CONTENIDOS DE LAS «ENSEÑANZAS
MINIMAS» Y RESPETEN LOS VALORES, FINES Y PRINCIPIOS QUE LA CONSTITUCION Y
LA NORMATIVA BASICA ESTABLECEN (662/000146) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: La segunda moción; la que se refiere a las medidas necesarias para que los libros de texto cumplan con los contenidos de las enseñanzas mínimas y respeten valores, fines y principios de la Constitución Española y que la normativa básica establece, es la que vamos a votar a continuación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 128; en contra, 74; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.